"Caiga quien caiga": Arranca la Fuerza Urano contra el millonario robo de hidrocarburos en Colombia
Más de 771.000 millones de pesos en pérdidas motivaron la activación de la Fuerza Urano. El Gobierno advirtió que atacará a fondo las estructuras que roban hidrocarburos.
El Gobierno Nacional puso en marcha de manera oficial la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, un bloque especializado integrado por 1.200 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, la Fiscalía y organismos de inteligencia. Su misión principal es desarticular por completo la estructura criminal construida alrededor del robo de hidrocarburos en el país, atacando no solo el punto de extracción, sino toda la cadena delictiva.
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Durante su intervención, el presidente Abelardo de la Espriella reveló cifras alarmantes sobre este delito que desangra las finanzas de la nación: en lo corrido del año se han reportado más de 1,2 millones de barriles robados, lo que representa pérdidas superiores a los 771.000 millones de pesos.
"Imagínense todas las obras sociales, toda la inversión que se puede hacer con casi un billón de pesos", expresó el mandatario, advirtiendo que este combustible hurtado alimenta otras economías ilegales, sirve como insumo directo para la producción masiva de cocaína y fortalece las rentas de estructuras terroristas en las regiones.
La orden del Ejecutivo es clara y no admite medias tintas: si la Fuerza Pública encuentra una válvula clandestina y se limita a cerrarla, el problema se resuelve apenas por unas horas. Por el contrario, la instrucción es seguir la ruta del dinero para dar con los financiadores, transportadores, almacenadores y compradores finales. "Caiga quien caiga", advirtió el jefe de Estado.
En cuanto a los primeros resultados tangibles de la estrategia, desde el pasado primero de septiembre se han recuperado un poco más de 100.000 galones, se han registrado 21 capturas y se han incautado 22 vehículos junto con 46 válvulas ilegales. Esto generó una disminución del 48% en las pérdidas frente al mes anterior y una afectación a las economías ilícitas de aproximadamente 58.000 millones de pesos.
